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Ciudad Juárez

Trasladan a 120 reos peligrosos del Cereso No. 3 en operativo interinstitucional; no dieron listado

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Ciudad Juárez, Chih.— En una acción coordinada y estratégica, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) ejecutó durante la noche del domingo un operativo de traslado de 120 Personas Privadas de la Libertad (PPL) del Centro de Reinserción Social (Cereso) No. 3 de Ciudad Juárez, como parte de las acciones para desarticular grupos criminales y restablecer el control institucional al interior del penal.

La movilización fue encabezada por el titular de la SSPE, Gilberto Loya Chávez, quien declaró que esta operación representa un mensaje firme: “el control de los penales en Chihuahua está en manos del Estado, no de los grupos delictivos”.

El despliegue involucró a más de 400 elementos de la Policía Estatal, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), así como custodios penitenciarios, paramédicos y personal del Cuerpo de Bomberos. La primera salida de las unidades se registró sobre la avenida Barranco Azul, bajo un fuerte resguardo policial.

Los internos trasladados fueron señalados por las autoridades como miembros de células delictivas responsables de delitos graves como homicidio, secuestro, portación de armas de fuego y delitos contra la salud. Debido a su peligrosidad, el operativo fue considerado de alta precisión.

Las PPL fueron reubicadas en el Cereso No. 1 de Aquiles Serdán y el Cereso No. 4 de Parral, en un procedimiento supervisado mediante tecnología de punta operada desde los Centros de Mando C7-iA, que incluyó drones, análisis de video y más de 400 cámaras interconectadas a la red estatal de videovigilancia.

El operativo concluyó con saldo blanco, sin incidentes ni fugas, según lo informó la dependencia estatal.

Como parte de la atención a familiares, la SSPE habilitó el número 656 629 3300 extensión 50462, correspondiente al área jurídica, para consultar el estatus de las personas trasladadas.

Esta intervención forma parte de la estrategia integral de reestructuración del sistema penitenciario en Chihuahua, que busca recuperar la gobernabilidad y fortalecer la seguridad pública en todos los niveles.

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Ciudad Juárez

Fiscal no respondió a la interrogante si había estatales en el crematorio

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Ciudad Juárez, Chih.— La Fiscalía General del Estado confirmó que se investiga si entre los 383 cuerpos encontrados en el crematorio clandestino de la colonia Granjas Polo Gamboa, habría personas uniformadas, entre ellas dos agentes estatales. Sin embargo, cuando se le cuestionó directamente sobre este punto al fiscal César Jáuregui Moreno durante rueda de prensa, no respondió.

Al preguntarle sobre esta posibilidad, Jáuregui se refirió al estado general de los cuerpos: “Estamos investigando. Esto es muy preliminar porque, te repito, lo que ahorita tenemos que hacer es prácticamente rescatar estos cuerpos”, dijo, sin confirmar ni negar si había uniformados entre los cadáveres.

Posteriormente, el fiscal general agregó que “el almacenamiento en ese número también hace presumir que no estaban prestando el servicio. Simple y sencillamente no cremaban los cuerpos que llegaban ahí y empezaron a acumular y acumular”.

Hasta ahora, fuentes extraoficiales señalaron al menos dos cuerpos con uniformes. Se revisa si pertenecen a corporaciones de seguridad pública estatales.

La Fiscalía reiteró que se está haciendo una revisión caso por caso para identificar los cuerpos, descartar personas desaparecidas, y aclarar si existe responsabilidad penal de funerarias o servidores públicos.

“Lo primero y lo más importante es darle la dignidad a estos cuerpos que encontramos”, insistió Jáuregui.

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Ciudad Juárez

Señalan a seis funerarias por vínculos con crematorio clandestino en Juárez

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Ciudad Juárez, Chih.— El fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, reveló este lunes que al menos seis funerarias estarían relacionadas con el crematorio clausurado en Ciudad Juárez donde fueron localizados 383 cuerpos almacenados sin ser incinerados.

De acuerdo con el funcionario, las funerarias Luz Divina, Capillas, Protecto Deco, Del Carmen Ramírez, Latinoamericana y Amor Eterno habrían contratado los servicios del establecimiento para la cremación de cuerpos, sin que ésta se realizara adecuadamente.

“Los cuerpos llegaron ahí a través de funerarias. Se llevaron a cabo los velorios, el duelo familiar, y posteriormente se entregaban los restos para cremarlos. Eso nunca sucedió”, explicó Jáuregui. Sin embargo, aclaró que aún no se ha determinado si las empresas actuaron con dolo o desconocían el incumplimiento del crematorio.

La Fiscalía Estatal investigará a fondo la posible responsabilidad administrativa o penal de estas funerarias en el caso. Se espera que en los próximos días se cite a comparecer a representantes de dichos negocios.

Mientras tanto, la identificación de los cuerpos continúa en proceso por parte de peritos forenses y se espera que familiares comiencen a acudir para solicitar información sobre sus seres queridos.

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Ciudad Juárez

Investigan por qué crematorio seguía operando con permiso vigente en 2024

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Ciudad Juárez, Chih.— A pesar de los hallazgos recientes, el crematorio donde fueron encontrados 383 cuerpos en descomposición contaba con un permiso vigente en 2024, según confirmó este lunes el fiscal general César Jáuregui.

El funcionario indicó que el establecimiento, ubicado en la colonia Granjas Polo Gamboa, había sido revisado y autorizado por la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris), lo que plantea dudas sobre la eficacia de las inspecciones.

“Vamos a investigar a fondo por qué contaban con permiso si no estaban cumpliendo con los protocolos. Coespris también deberá responder por sus revisiones y autorizaciones”, comentó el fiscal.

Esta situación ha despertado cuestionamientos públicos respecto a la supervisión estatal de servicios funerarios y crematorios, así como la posibilidad de corrupción o negligencia administrativa.

Como parte del proceso, la Fiscalía solicitará todos los documentos oficiales que acreditaron la operación del crematorio y evaluará si hubo falsificación, omisión o complicidad institucional.

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