En las filas de la Policía Estatal de plano ya no aguantan al comisario Carlos Amador Díaz Carballo, encargado de la Secretaría de Seguridad Pública en la capital del estado y la zona centro, por transas diversas y variadas que ponen en alto riesgo a sus compañeros.
El jefe policiaco -aseguran los agentes desde el anonimato, porque si sacan la cabeza se las pueden cortar- mantiene un arreglo escandaloso con los malandros de Aldama, donde la guerra entre La Línea y Los Cabrera ha tenido un impacto social brutal, pero también con los que controlan zonas de la capital como Punta Oriente y Urbi Villa.
Varias detenciones de gente en esos sectores han arrojado el nombre de Díaz Carballo, tanto a los policías estatales como a los ministeriales y la Guardia Nacional. Los que le pagan, dicen, usan su nombre como charola, escudándose en que pagan cuota para evitar ser recluidos, lo que no siempre puede cumplirles el mando estatal.
Eso pone en riesgo a él mismo y a sus compañeros de la corporación, pero además exige cuotas de detenciones y hasta siembra de delitos para aumentar los números que reporta de su trabajo, para tratar de apaciguar las sospechas que pesan en su contra.
Ni con eso ha logrado levantar esos números, pero es insistente en el acoso a los compañeros para que reporten más trabajo, mientras él se hincha la cartera.
Por ello, las tropas desplegadas en la capital sienten que su jefe los pone en peligro, a lo que debe sumarse sus actos de misoginia y acoso laboral contra quienes reniegan de la situación, que han expuesto a sus jefes, incluso al Secretario de Seguridad, Gilberto Loya, pero seguramente anda más entretenido en hacer campaña que en cumplir con su responsabilidad.
El citatorio a 50 elementos de la Agencia Estatal de Investigación por parte de la Fiscalía General de la República, encendió de nuevo el debate sobre qué hacía la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en Chihuahua, entre los días 16 y 19 de abril, cuando fue desmantelado el narcolaboratorio del municipio de Morelos y, al regreso, murieron el director de la AEI, su escolta y dos norteamericanos.
Ese citatorio forma parte de las indagatorias para tratar de inculpar a la gobernadora Maru Campos y al exfiscal César Jáuregui por delitos contemplados en la Ley de Seguridad Nacional y hasta la posible traición a la patria.
Sin embargo, la Unidad de Investigación Especializada que creó la misma mandataria, con la fiscal de la Mujer, Wendy Chávez, al frente, ya llegó a conclusiones que difícilmente habrá de rebasar la FGR, sino que seguramente habrá de confirmar.
Es muy posible, de acuerdo a quienes han estado cerca de las investigaciones, que los agentes de la CIA, como espías que son, se hayan colado al operativo a expensas del fallecido jefe de la AEI, Pedro Oseguera Cervantes, pero no porque él lo haya decidido, sino por instrucciones de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas, donde despacha Guillermo Arturo Zuany Portillo.
Todos los dedos, los ojos y las investigaciones apuntan al papel que ha desempeñado Zuany, primero como director de la AEI y luego como fiscal “estratégico”, que logró empoderar a Oseguera Cervantes para mantener de alguna forma controles en la agencia de la que depende toda la Policía Ministerial Investtigadora.
Sería ese fiscal el que estaría detrás de la autorización a hurtadillas de la incursión de la CIA en el estado, no de una, sino de varias veces.
Por eso la pregunta: ¿entre los 50 llamados a declarar por la FGR, también irá Zuany Portillo?
Por cierto, no eran cinco ni seis las camionetas que viajaban en convoy de Morelos a Chihuahua, la fatídica madrugada del 18 de abril. Eran 20, según los testimonios obtenidos de pobladores tarahumaras en aquel municipio, vecino de Guachochi.
El convoy viajaba de madrugada e incluso hay videos de la magnitud del mismo, antes de que la camioneta en la que iba el director de la AEI, su escolta y los dos agentes de la CIA, saliera por un voladero a gran velocidad, para caer algo así como 150 metros vacío, para terminar explotando.
Los testimonios parecen confirmar que en efecto fue un accidente, tras el cual salieron a ayudar todos los policías ministeriales del convoy, entre los cuales iban, además, otros dos agentes no identificados de la CIA.
De no ser por este accidente, la intervención norteamericana hubiera quedado oculta, como lo han quedado otras tantas operaciones del cuerpo de espionaje estadounidense.
El que salió a reforzar, sin decirlo, el sentimento del PAN sobre competir en las próximas elecciones sin una alianza con el PRI, que ya resultó desastrosa para el albiazul en los pasados procesos electorales.
“El Partido Acción Nacional tiene condiciones y puede generar espacio para voltear a ver los perfiles capaces al interior y que muchas veces no los hemos volteado a ver”, afirmó Rafa Loera, al asegurar que hoy existen las posibilidades de contar con un gabinete 100 por ciento panista las próximas administraciones.
Para el secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, aspirante además a la candidatura del PAN para Presidente Municipal, es importante apostar a los jóvenes panistas, capaces, y que se están entregando todo el tiempo, con el gran requisito de estarse preparando continuamente para poder dar la mejor atención a los ciudadanos desde distintas áreas.
Los mejores cuadros, dijo en una banquetera el pasado martes, se encuentran ahora en Acción Nacional, que cada vez más apuesta por perfiles preparados, competitivos y formados desde las bases de la política humanista y sus principios doctrinales.
Al ser cuestionado si eso no era contradecir la conformación del gabinete de la Gobernadora y del Presidente expresó: “durante muchos años no fuimos gobierno, es normal que no hubiera tantos perfiles formados en el servicio público y se tuviera que echar mano de otros lados, pero vamos a cumplir 11 años y en este momento creo que ya existen los perfiles panistas 100 por ciento calificados para ocupar las titularidades de las dependencias”.
El mensaje parece claro: las alianzas con otros partidos tienden a agotarse y lo que debe buscar el PAN son alianzas con la sociedad y con los mismos panistas.
A las seis de la mañana sonó la alarma; a las nueve, alguien se dio cuenta de que faltaban armas. Tres horas de diferencia entre el aviso y la realidad. Tres horas -el pasado lunes- en las que, si uno se atiene a la lógica más elemental, ya no había nada que hacer o quizá nunca lo hubo.
El robo de 14 armas -12 pistolas Glock calibre .380 y dos largas-, junto con dos mil cartuchos y hasta un vehículo, en las oficinas de la empresa Nuevo Grupo Trece de Chihuahua, no es un hecho menor. No es un robo más. Es un episodio que deja al descubierto una zona incómoda: la fragilidad de quienes, en teoría, están para brindar seguridad.
La empresa no es clandestina. Está en regla. Aparece en el padrón estatal, cuenta con licencia colectiva particular para portación de armas y tiene autorización federal vigente desde 2010. Es decir, no estamos hablando de improvisados.
Y sin embargo, alguien entró, tomó el armamento, se llevó municiones por miles y salió. Sin resistencia. Sin detección efectiva. Sin reacción oportuna.
El dato más inquietante no es el número de armas, sino la brecha entre la alarma activada y la falta de acción. La Policía Municipal acudió tras el reporte inicial y “no encontró novedad”. Eso significa que, o el robo ya se había consumado sin dejar rastro evidente… o los protocolos simplemente no funcionan.
Porque si una empresa autorizada, regulada y supervisada no puede resguardar su propio arsenal, las pregunta es inevitable: ¿qué tan sólido es el sistema que la certifica?
Por mientras, la Policía Estatal -la misma a cargo de la certificación de las agencias de seguridad privada- pudo recuperar cuatro de las armas robadas y el vehículo, cerca de Ojinaga, al día siguiente de los hechos. Pero 10 armas ya están circulando en la calle, para ser pagadas con la sangre que dejan los grupos criminales a su paso.
Editorial en Acción
