Disponen un piso en suelo fronterizo mexicano para FBI, CIA, DEA y demás corporaciones
–Comienzan operaciones de la instalación más grande seguridad del estado… pero no tienen cómo llenarla
Ciudad Juárez, Chih.- En lo alto de Ciudad Juárez no sólo se levanta concreto, vidrio y tecnología de punta.
La llamada Torre Centinela empieza a perfilarse como algo más delicado: un punto de encuentro -y tensión- entre la seguridad mexicana y la sombra operativa de agencias estadounidenses.
De acuerdo con información recabada de fuentes al interior de las corporaciones, dentro del complejo se habría contemplado la habilitación de un nivel exclusivo, identificado como el piso 18, para la operación de analistas vinculados a agencias norteamericanas como HSI, DEA, FBI, CBP y ATF, quienes participarían en labores de inteligencia y coordinación binacional.
Esta versión contrasta con lo expresado públicamente por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien recientemente afirmó que no existe autorización para que corporaciones de seguridad extranjeras operen dentro de instalaciones oficiales en territorio nacional, incluida la Torre Centinela.
La noticia de que la torre también será un búnker para las corporaciones de Estados Unidos no es un tema menor.
De acuerdo con lo revelado, corporaciones como la CIA, la DEA, el FBI (Central de Inteligencia, Angencia Antidrogas y Buró Federal de Investigaciones) y otras instancias de seguridad de Estados Unidos tendrán presencia dentro del complejo, un movimiento que confirma lo que durante años se manejó entre líneas: la operación directa de un gobierno extranjero en México.
No se trata de colaboración remota ni de intercambio de información a distancia.
Se trata de presencia física, dentro del corazón del sistema de inteligencia estatal.
Un piso completo -el 18- estaría destinado para estas agencias, que operarán “con sus propias herramientas”, pero desde territorio chihuahuense.
Es decir, sin compartir bases de datos… pero trabajando codo a codo, en tiempo real.
Mientras el discurso oficial federal insiste en la soberanía, los hechos apuntan a una integración operativa cada vez más estrecha. Una frontera donde las líneas entre cooperación y dependencia se vuelven difusas, con patrocinio de la autoridad estatal de Chihuahua.
La Torre Centinela, presentada como el cerebro tecnológico más avanzado en seguridad pública de Latinoamérica, arranca operaciones justo en medio de un contexto explosivo: cuestionamientos por la presencia de agentes extranjeros en territorio nacional y tensiones políticas sobre hasta dónde debe llegar esa colaboración.
En días recientes, la polémica se avivó tras revelarse la presencia de personal estadounidense en operativos en Chihuahua, lo que obligó incluso a pedir explicaciones desde el gobierno federal.
La operación de dos países en esa torre revela que la seguridad en la frontera ya no se decide únicamente desde México; revela también que las agencias estadounidenses no están al otro lado, sino dentro de México.
Y, sobre todo, muestra que la cooperación binacional tiene un costo político que apenas comienza a medirse.
En contraparte, quejas de los agentes de la Policía Estatal refieren que, además de la fuerza desplegada en Juárez, han sido movilizados elementos de Chihuahua, Parral y Cuauhtémoc a la frontera, para llenar espacios en la torre y simular que hay mucha actividad.
Las fuentes confirman que se ha intensificado la reubicación de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado hacia Ciudad Juárez, derivado de la insuficiencia de personal para atender las necesidades operativas en la zona fronteriza.
Agentes previamente comisionados en distintos municipios están siendo concentrados en la Torre Centinela como parte de un ajuste estratégico para fortalecer la presencia policial.
Estas medidas han comenzado a generar inconformidad entre el personal.
De forma extraoficial, ha trascendido que algunos elementos podrían ser requeridos para modificar su lugar de residencia y establecerse en esta ciudad, lo que representa un impacto directo en su entorno familiar y condiciones laborales.
Hasta el momento, las autoridades estatales no han emitido un posicionamiento puntual que precise el alcance de la posible colaboración internacional ni los términos de la redistribución del estado de fuerza.
Tras haber sido abierta ayer lunes, la torre comenzó a ser ocupada por al menos 150 trabajadores administrativos, pero fueron movilizadas además patrullas y agentes para aparentar que estaba llena y en operaciones, aunque no ha sido terminada en su totalidad.
