Autoridades de Estados Unidos detuvieron en El Paso, Texas, a Bertha Olga Gómez Fong, esposa del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, de acuerdo con reportes preliminares.

Trascendió que la exprimera dama habría sido asegurada por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), presuntamente con fines de extradición, al estar relacionada con el caso por el cual su esposo enfrenta acusaciones por peculado.

La detención ocurrió en territorio estadounidense, donde Gómez Fong se encontraba al momento del operativo.

Durante la administración estatal 2010-2016, la mujer fungió como presidenta del DIF Estatal, cargo honorario desde el cual, según versiones, habría participado en la presunta triangulación de recursos dentro del esquema atribuido al exmandatario.

Hasta ahora, la información es preliminar y se mantiene a la espera de una confirmación oficial por parte de autoridades tanto de Estados Unidos como de México.

Ciudad Juárez.- Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Unidad de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Paola Celeste T. L., por su probable responsabilidad en el delito de fraude en perjuicio de diversas familias en Ciudad Juárez.

De acuerdo con la causa penal 1157/2026, el agente del Ministerio Público obtuvo de un Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos el mandato judicial para su detención, por lo que en las próximas horas se le formulará imputación.

La mujer, de 22 años de edad, es investigada por su presunta participación en hechos en los que, a través de una supuesta agencia de viajes, habría vendido bajo engaño paquetes que incluían vuelos y hospedaje a las víctimas, entre ellas integrantes de un equipo de futbol infantil.

Autoridades continúan con las investigaciones para determinar el alcance del daño patrimonial y el número total de personas afectadas.

De acuerdo con las leyes vigentes, la imputada se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial, conforme al artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Ciudad Juárez, Chih.– La Fiscalía de Distrito Zona Norte obtuvo la vinculación a proceso en contra de Vianey Esmeralda H. G. y Brayan Gabriel S. A., acusados del delito de homicidio agravado calificado en perjuicio de su hijo, un menor de apenas un año y medio de edad, identificado como Eithan Daniel.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos están relacionados con el hallazgo del cuerpo del menor, ocurrido el pasado 10 de marzo en un terreno con maleza cercano a la colonia Kilómetro 27, donde fue localizado abandonado, lo que generó consternación entre la comunidad.

La Fiscalía detalló que, además del homicidio, la madre del menor fue vinculada también por el delito contra el respeto y disposición de los cadáveres, ya que presuntamente fue quien dejó el cuerpo en ese lugar envuelto en una bolsa de basura. En tanto, al padre se le atribuye una participación por omisión en la muerte del niño.

Eithan presentó desnutrición, abuso sexual, costillas quebradas, golpes en su cuerpo, falta de dientes.

La madre, Vianey Esmeralda, habría declarado no quererlo, ya que su deseo era tener una niña. En el embarazo se golpeaba el vientre al saber que sería varón, y al nacer, lo mantenía encadenado de los pies, marcas aún visibles en el momento de su hallazgo. El día de su muerte lo había dejado arriba de un mueble y cayó al suelo, cuando escuchó el ruido entró y lo vio convulsionado y lo dejó morir, posterior a ello lo metió a la bolsa y lo fue a tirar al baldío.

Los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público establecen que la causa de muerte fue un hematoma subdural derivado de un traumatismo craneoencefálico, según lo arrojado por la necropsia de ley.

Ambos imputados fueron detenidos el pasado 21 de marzo mediante orden de aprehensión y presentados ante un Juez de Control, quien resolvió vincularlos a proceso e imponerles la medida cautelar de prisión preventiva.

Asimismo, la autoridad judicial fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que se continuará con la integración de pruebas para el desarrollo del proceso penal.

Este caso ha generado indignación social por la gravedad de los hechos, mientras las autoridades reiteraron su compromiso de esclarecer lo ocurrido y garantizar justicia para la víctima.