Chihuahua, Chih.- Ante las respuestas que emitió la la Secretaría General de Gobierno y las declaraciones de la titular de la Secretaria de Educación, Cultura y Deporte Sandra Gutiérrez Fierro, respecto a los recursos públicos que fueron utilizados en licitación directa para la impresión de los “cuadernillos”, el diputado de morena Benjamín Carrera Chávez solicitó que las autoridades estatales aclaren esta información.
Carrera Chávez expuso que la impresión de estos cuadernillos han tenido un costo millonario para los chihuahuenses, donde se abre la posibilidad de un un delito o conflicto de interés, debido al costo que cada cuadernillo tuvo, puesto que mientras que los Libros de Texto Gratuitos de la SEP tienen un costo de 14 pesos, y material de niños para colorear que venden en librerías, tienen un costo de 30 pesos, los cuadernillos costaron 90 pesos cada uno.
El diputado presentó una solicitud para que la Auditoría Superior del Estado (ASE), la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, así como la Secretaría de la Función Pública, dentro de sus facultades, informen al Congreso del Estado, el proceso de licitación, adjudicación directa y justificación de la realización e impresión de estos “cuadernillos”, que tuvieron un costo público para los chihuahuenses.
Recordó que la Secretaría General de Gobierno del Estado envió a la presidencia del Congreso, respuesta a varios cuestionamientos, donde hizo constar que la Secretaría de Hacienda realizó movimientos para otorgar a las autoridades educativas recursos por $36,800,000 para impresión de material de apoyo en lo que sería solo una primera etapa.
“Lo preocupante es que la propia funcionaria admite que la impresión de cuadernillos de apoyo no fue licitada dado la premura, e incluso ante los cuestionamientos a través de plataformas de transparencia, se acogen a la facultad que otorga la ley en la materia para reservar información”.
El legislador explicó que de acuerdo a la propia Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, el monto máximo para que un ente público pueda llevar a cabo la adjudicación directa, no podrá superar 36 veces el valor anual de la UMA, que para este 2023 es de $37,346.40, “tenemos que los casi $37 millones de pesos que nos comenta la secretaria que se han gastado en esta primera etapa, superan casi 27 veces el monto mínimo”, dijo.
“Sin duda alguna, a pesar de la negativa de transparentar la información, los números que hasta ahora tenemos, no mienten y cada vez nos dan más la razón respecto a que, esta determinación de la gobernadora, es una ocurrencia, y muy cara para la ciudadanía”, señaló el diputado.
Ciudad de México.– El Gobierno federal informó que no tenía conocimiento sobre la participación de personal de la Embajada de Estados Unidos en México en labores de seguridad coordinadas con autoridades del estado de Chihuahua, por lo que ya se analiza una posible violación a la Ley de Seguridad Nacional.
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que su administración mantiene comunicación con el embajador estadounidense Ronald Johnson, a través del gabinete de seguridad, con el objetivo de esclarecer las actividades que realizaban dichos trabajadores en territorio nacional.
Lo anterior surge luego de que se reportara la muerte de dos integrantes de la Embajada de Estados Unidos, así como de dos agentes estatales, en la sierra de Chihuahua, cuando regresaban de un operativo en el que se desmanteló un presunto narcolaboratorio.
La mandataria expresó sus condolencias por los hechos, destacando que, más allá de cualquier circunstancia, se trata de una pérdida humana que lamenta el Gobierno de México, reiterando su solidaridad con las víctimas.
Asimismo, subrayó que la cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos se realiza a nivel federal, por lo que solicitó información tanto al Gobierno de Chihuahua, encabezado por la gobernadora María Eugenia Campos, como a la administración del presidente Donald Trump, para aclarar los términos de esta posible colaboración directa.
Chihuahua, Chih.– Un caso de violencia escolar encendió la alarma en la capital, luego de que un alumno resultara lesionado y fuera trasladado a un hospital tras una agresión ocurrida al interior de la Escuela Primaria Fernando Montes de Oca No. 2367, en la colonia Concordia.
De acuerdo con versiones de padres de familia, el menor habría sido sometido y golpeado por otros estudiantes, recibiendo un fuerte impacto en la nuca que provocó su caída y lesiones que requirieron atención médica urgente.
Los denunciantes señalan que este no sería un hecho aislado, ya que acusan a un grupo de alumnos de presuntamente protagonizar conductas agresivas de manera recurrente, incluyendo amenazas dentro del plantel.
La situación ha generado preocupación entre la comunidad escolar, cuyos integrantes también señalan una posible falta de acciones efectivas ante reportes previos.
Tras el incidente, se registró la movilización de corporaciones de seguridad en la escuela, mientras que familiares del menor informaron que presentarán una denuncia formal para que se investiguen los hechos y se determinen responsabilidades.
Hasta el momento, el caso es considerado como un episodio de violencia escolar; sin embargo, padres de familia exigen la intervención de autoridades para garantizar la seguridad de los estudiantes.
Chihuahua, Chih.— Una denuncia interna ha generado controversia al interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, donde trabajadores acusan presuntas prácticas de coerción laboral, amenazas y uso político de la corporación.
De acuerdo con testimonios, empleados señalan que serían presionados para reclutar personas para eventos y actividades vinculadas a un partido político, bajo advertencias relacionadas con la permanencia laboral.
Asimismo, se menciona que personal administrativo y mandos presuntamente tendrían que entregar parte de su salario y compensaciones, lo que los denunciantes califican como una posible práctica irregular al interior de la institución.
Los señalamientos también advierten sobre un ambiente de temor, donde, aseguran, existen represalias contra quienes intentan denunciar estas situaciones, lo que limita el uso de canales internos.
En otro punto, se indica una supuesta desigualdad en la asignación de recursos y prestaciones, donde ciertos grupos especializados contarían con mejores condiciones, mientras que otros elementos enfrentarían carencias operativas.
Además, se hace referencia al estado de subcentros de vigilancia en algunas regiones del estado, los cuales —según la denuncia— presentarían abandono o falta de funcionamiento.
Hasta el momento, las autoridades no han emitido una postura oficial respecto a estos señalamientos, por lo que se espera que en los próximos días se pueda ampliar la información o iniciar las investigaciones correspondientes.
