Chihuahua.- La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, declinó participar en una reunión de trabajo convocada en el Senado de la República, con el objetivo de no comprometer el desarrollo de investigaciones en curso relacionadas con un presunto narcolaboratorio en el estado.

La decisión fue comunicada mediante un oficio dirigido a la senadora María Martina Kantún Can, secretaria de la Mesa Directiva del Senado, en el que se detallan las razones institucionales de su inasistencia.

En el documento, la mandataria estatal argumentó que su determinación responde a la necesidad de salvaguardar el adecuado desarrollo de las investigaciones, evitando la posible exposición de información confidencial o clasificada, así como garantizar la correcta conducción institucional y el respeto a la seguridad nacional.

Campos Galván subrayó que su actuación se ha mantenido bajo los principios de legalidad, transparencia y responsabilidad en el ejercicio del servicio público. Asimismo, recordó que desde el inicio de los hechos instruyó la solicitud de informes y la creación de una Unidad Especializada para investigar el desmantelamiento de un narcolaboratorio localizado en “El Pinal”, municipio de Morelos, Chihuahua.

Dicha Unidad continúa con las indagatorias sobre los acontecimientos registrados entre el 16 y el 19 de abril, y ha remitido información a la Fiscalía General de la República, en atención a los requerimientos formales realizados por esa instancia.

El Gobierno del Estado reiteró su disposición de colaborar con las autoridades federales en el marco de la ley, una vez que las condiciones del proceso lo permitan.

Ciudad de México.– El Gobierno federal informó que no tenía conocimiento sobre la participación de personal de la Embajada de Estados Unidos en México en labores de seguridad coordinadas con autoridades del estado de Chihuahua, por lo que ya se analiza una posible violación a la Ley de Seguridad Nacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que su administración mantiene comunicación con el embajador estadounidense Ronald Johnson, a través del gabinete de seguridad, con el objetivo de esclarecer las actividades que realizaban dichos trabajadores en territorio nacional.

Lo anterior surge luego de que se reportara la muerte de dos integrantes de la Embajada de Estados Unidos, así como de dos agentes estatales, en la sierra de Chihuahua, cuando regresaban de un operativo en el que se desmanteló un presunto narcolaboratorio.

La mandataria expresó sus condolencias por los hechos, destacando que, más allá de cualquier circunstancia, se trata de una pérdida humana que lamenta el Gobierno de México, reiterando su solidaridad con las víctimas.

Asimismo, subrayó que la cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos se realiza a nivel federal, por lo que solicitó información tanto al Gobierno de Chihuahua, encabezado por la gobernadora María Eugenia Campos, como a la administración del presidente Donald Trump, para aclarar los términos de esta posible colaboración directa.

Chihuahua, Chih.– Un caso de violencia escolar encendió la alarma en la capital, luego de que un alumno resultara lesionado y fuera trasladado a un hospital tras una agresión ocurrida al interior de la Escuela Primaria Fernando Montes de Oca No. 2367, en la colonia Concordia.

De acuerdo con versiones de padres de familia, el menor habría sido sometido y golpeado por otros estudiantes, recibiendo un fuerte impacto en la nuca que provocó su caída y lesiones que requirieron atención médica urgente.

Los denunciantes señalan que este no sería un hecho aislado, ya que acusan a un grupo de alumnos de presuntamente protagonizar conductas agresivas de manera recurrente, incluyendo amenazas dentro del plantel.

La situación ha generado preocupación entre la comunidad escolar, cuyos integrantes también señalan una posible falta de acciones efectivas ante reportes previos.

Tras el incidente, se registró la movilización de corporaciones de seguridad en la escuela, mientras que familiares del menor informaron que presentarán una denuncia formal para que se investiguen los hechos y se determinen responsabilidades.

Hasta el momento, el caso es considerado como un episodio de violencia escolar; sin embargo, padres de familia exigen la intervención de autoridades para garantizar la seguridad de los estudiantes.