La Fiscalía General de la República citó a declarar al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como a otros funcionarios públicos sinaloenses señalados en investigaciones relacionadas con presuntos vínculos con el grupo criminal de Los Chapitos.

De acuerdo con la información difundida, Rocha Moya fue notificado oficialmente durante la mañana de este 23 de mayo para comparecer ante autoridades federales.

La citación forma parte de las diligencias derivadas de la acusación presentada en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en Estados Unidos, donde se menciona a funcionarios y ciudadanos mexicanos presuntamente relacionados con organizaciones criminales.

La FGR informó previamente que las personas involucradas están siendo llamadas a rendir entrevistas ministeriales como parte de las investigaciones en curso y para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

Hasta el momento, las autoridades federales no han detallado las fechas exactas de comparecencia ni el alcance de las declaraciones que deberán rendir los funcionarios citados.

En las filas de la Policía Estatal de plano ya no aguantan al comisario Carlos Amador Díaz Carballo, encargado de la Secretaría de Seguridad Pública en la capital del estado y la zona centro, por transas diversas y variadas que ponen en alto riesgo a sus compañeros.

El jefe policiaco -aseguran los agentes desde el anonimato, porque si sacan la cabeza se las pueden cortar- mantiene un arreglo escandaloso con los malandros de Aldama, donde la guerra entre La Línea y Los Cabrera ha tenido un impacto social brutal, pero también con los que controlan zonas de la capital como Punta Oriente y Urbi Villa.
Varias detenciones de gente en esos sectores han arrojado el nombre de Díaz Carballo, tanto a los policías estatales como a los ministeriales y la Guardia Nacional. Los que le pagan, dicen, usan su nombre como charola, escudándose en que pagan cuota para evitar ser recluidos, lo que no siempre puede cumplirles el mando estatal.
Eso pone en riesgo a él mismo y a sus compañeros de la corporación, pero además exige cuotas de detenciones y hasta siembra de delitos para aumentar los números que reporta de su trabajo, para tratar de apaciguar las sospechas que pesan en su contra.
Ni con eso ha logrado levantar esos números, pero es insistente en el acoso a los compañeros para que reporten más trabajo, mientras él se hincha la cartera.
Por ello, las tropas desplegadas en la capital sienten que su jefe los pone en peligro, a lo que debe sumarse sus actos de misoginia y acoso laboral contra quienes reniegan de la situación, que han expuesto a sus jefes, incluso al Secretario de Seguridad, Gilberto Loya, pero seguramente anda más entretenido en hacer campaña que en cumplir con su responsabilidad.

El citatorio a 50 elementos de la Agencia Estatal de Investigación por parte de la Fiscalía General de la República, encendió de nuevo el debate sobre qué hacía la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en Chihuahua, entre los días 16 y 19 de abril, cuando fue desmantelado el narcolaboratorio del municipio de Morelos y, al regreso, murieron el director de la AEI, su escolta y dos norteamericanos.
Ese citatorio forma parte de las indagatorias para tratar de inculpar a la gobernadora Maru Campos y al exfiscal César Jáuregui por delitos contemplados en la Ley de Seguridad Nacional y hasta la posible traición a la patria.
Sin embargo, la Unidad de Investigación Especializada que creó la misma mandataria, con la fiscal de la Mujer, Wendy Chávez, al frente, ya llegó a conclusiones que difícilmente habrá de rebasar la FGR, sino que seguramente habrá de confirmar.
Es muy posible, de acuerdo a quienes han estado cerca de las investigaciones, que los agentes de la CIA, como espías que son, se hayan colado al operativo a expensas del fallecido jefe de la AEI, Pedro Oseguera Cervantes, pero no porque él lo haya decidido, sino por instrucciones de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas, donde despacha Guillermo Arturo Zuany Portillo.
Todos los dedos, los ojos y las investigaciones apuntan al papel que ha desempeñado Zuany, primero como director de la AEI y luego como fiscal “estratégico”, que logró empoderar a Oseguera Cervantes para mantener de alguna forma controles en la agencia de la que depende toda la Policía Ministerial Investtigadora.
Sería ese fiscal el que estaría detrás de la autorización a hurtadillas de la incursión de la CIA en el estado, no de una, sino de varias veces.
Por eso la pregunta: ¿entre los 50 llamados a declarar por la FGR, también irá Zuany Portillo?

Por cierto, no eran cinco ni seis las camionetas que viajaban en convoy de Morelos a Chihuahua, la fatídica madrugada del 18 de abril. Eran 20, según los testimonios obtenidos de pobladores tarahumaras en aquel municipio, vecino de Guachochi.
El convoy viajaba de madrugada e incluso hay videos de la magnitud del mismo, antes de que la camioneta en la que iba el director de la AEI, su escolta y los dos agentes de la CIA, saliera por un voladero a gran velocidad, para caer algo así como 150 metros vacío, para terminar explotando.
Los testimonios parecen confirmar que en efecto fue un accidente, tras el cual salieron a ayudar todos los policías ministeriales del convoy, entre los cuales iban, además, otros dos agentes no identificados de la CIA.
De no ser por este accidente, la intervención norteamericana hubiera quedado oculta, como lo han quedado otras tantas operaciones del cuerpo de espionaje estadounidense.

El que salió a reforzar, sin decirlo, el sentimento del PAN sobre competir en las próximas elecciones sin una alianza con el PRI, que ya resultó desastrosa para el albiazul en los pasados procesos electorales.
“El Partido Acción Nacional tiene condiciones y puede generar espacio para voltear a ver los perfiles capaces al interior y que muchas veces no los hemos volteado a ver”, afirmó Rafa Loera, al asegurar que hoy existen las posibilidades de contar con un gabinete 100 por ciento panista las próximas administraciones.
Para el secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, aspirante además a la candidatura del PAN para Presidente Municipal, es importante apostar a los jóvenes panistas, capaces, y que se están entregando todo el tiempo, con el gran requisito de estarse preparando continuamente para poder dar la mejor atención a los ciudadanos desde distintas áreas.
Los mejores cuadros, dijo en una banquetera el pasado martes, se encuentran ahora en Acción Nacional, que cada vez más apuesta por perfiles preparados, competitivos y formados desde las bases de la política humanista y sus principios doctrinales.
Al ser cuestionado si eso no era contradecir la conformación del gabinete de la Gobernadora y del Presidente expresó: “durante muchos años no fuimos gobierno, es normal que no hubiera tantos perfiles formados en el servicio público y se tuviera que echar mano de otros lados, pero vamos a cumplir 11 años y en este momento creo que ya existen los perfiles panistas 100 por ciento calificados para ocupar las titularidades de las dependencias”.
El mensaje parece claro: las alianzas con otros partidos tienden a agotarse y lo que debe buscar el PAN son alianzas con la sociedad y con los mismos panistas.

A las seis de la mañana sonó la alarma; a las nueve, alguien se dio cuenta de que faltaban armas. Tres horas de diferencia entre el aviso y la realidad. Tres horas -el pasado lunes- en las que, si uno se atiene a la lógica más elemental, ya no había nada que hacer o quizá nunca lo hubo.
El robo de 14 armas -12 pistolas Glock calibre .380 y dos largas-, junto con dos mil cartuchos y hasta un vehículo, en las oficinas de la empresa Nuevo Grupo Trece de Chihuahua, no es un hecho menor. No es un robo más. Es un episodio que deja al descubierto una zona incómoda: la fragilidad de quienes, en teoría, están para brindar seguridad.
La empresa no es clandestina. Está en regla. Aparece en el padrón estatal, cuenta con licencia colectiva particular para portación de armas y tiene autorización federal vigente desde 2010. Es decir, no estamos hablando de improvisados.
Y sin embargo, alguien entró, tomó el armamento, se llevó municiones por miles y salió. Sin resistencia. Sin detección efectiva. Sin reacción oportuna.
El dato más inquietante no es el número de armas, sino la brecha entre la alarma activada y la falta de acción. La Policía Municipal acudió tras el reporte inicial y “no encontró novedad”. Eso significa que, o el robo ya se había consumado sin dejar rastro evidente… o los protocolos simplemente no funcionan.
Porque si una empresa autorizada, regulada y supervisada no puede resguardar su propio arsenal, las pregunta es inevitable: ¿qué tan sólido es el sistema que la certifica?
Por mientras, la Policía Estatal -la misma a cargo de la certificación de las agencias de seguridad privada- pudo recuperar cuatro de las armas robadas y el vehículo, cerca de Ojinaga, al día siguiente de los hechos. Pero 10 armas ya están circulando en la calle, para ser pagadas con la sangre que dejan los grupos criminales a su paso.

Editorial en Acción

DESORDEN QUE YA ES COSTUMBRE

La manta apareció como suelen aparecer estos mensajes: colgada, mal escrita y con una amenaza directa. Pero aquí la ortografía es lo de menos. Lo que importa es el mensaje… y lo que revela.

Porque cada vez que aparece una narcomanta, no solo hablan los grupos criminales: también reaccionan. Y eso fue exactamente lo que ocurrió tras los operativos recientes en el Cereso de Aquiles Serdán. A alguien le incomodó. Y bastante.

Las revisiones, traslados y “reventones” en módulos no son coincidencia. Son intentos —tardíos, parciales, pero intentos al fin— de recuperar el control de penales que durante años operaron como pequeñas repúblicas del crimen. Y cuando eso pasa, hay respuesta.

La manta del Jueves Santo sobre el periférico Ortiz Mena es eso: un mensaje de presión, un berrinche criminal tras los operativos de la Policía Estatal, Guardia Nacional y custodios penitenciarios.

Sea de “La Empresa” o de los “Artistas Asesinos”, el fondo es el mismo: les movieron el tablero. Y cuando el crimen se incomoda, amenaza.

Pero también deja algo claro: algo sí les está pegando. Ya no están tan cómodos. El negocio —porque de eso se trata todo— está siendo tocado.

El problema es que esa sacudida no alcanza para ocultar el resto del desorden.

Ahí está el caso del “Minnesota Clinic”, un supuesto centro de rehabilitación que, según denuncias, opera más como un anexo del terror: golpes, sometimiento, perros utilizados como arma, descargas eléctricas y un encargado —“el Licenciado”— señalado por dirigir todo en estado de ebriedad.

Un infierno… con apariencia de legalidad.

Y si eso ocurre en espacios que deberían rescatar vidas, lo que pasa dentro de las corporaciones tampoco es menor.

El caso de “La Número 4” lo dejó al descubierto.

Un instructor policial, armado, en un bar. Una discusión. Disparos. Y la víctima: una agente activa de la Fiscalía.

No fue un enfrentamiento contra el crimen.

Fue violencia desde adentro.

Un elemento encargado de formar policías, además señalado por presuntos abusos contra cadetes, termina accionando su arma en plena zona de bares. Y lo hace con una normalidad que preocupa más que el hecho mismo.

Porque entonces la pregunta ya no es quién falló…

sino cuántos más están igual.

¿Cuántos instructores sin preparación?

¿Cuántos elementos armados sin control?

¿Cuántos privilegios que permiten portar armas donde no deberían… hasta que pasa algo?

Y mientras todo eso ocurre, la política tampoco se queda atrás.

El PRI, hoy lejos de lo que fue, parece repetir la misma fórmula: simular competencia para negociar rendición. Nombres reciclados, escenarios previsibles y una alianza con el PAN que, aunque no se firme, ya opera en los hechos.

Como en 2021, cuando se cedió terreno político, ahora el dirigente estatal Alejandro Domínguez lanza el discurso de ir solos… mientras en el fondo se cocina otra cosa: negociar la declinación.

Porque mientras unos pelean por el control de los penales, otros negocian el control político.

Y así, entre mantas, anexos violentos, policías que disparan y partidos que se acomodan, se dibuja el verdadero mapa del estado.

Aquí no hay hechos aislados.

Hay un mismo hilo conductor.

Uno que conecta la manta en un puente, el abuso en un anexo, el disparo en un bar y las decisiones que se toman en lo oscuro.

Un hilo que revela algo más profundo que la violencia:

El desorden.

Uno que en Chihuahua… empieza a sentirse como costumbre.