Ciudad Juárez, Chih.– Una estudiante de posgrado de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) hizo pública una denuncia en la que acusa haber sido víctima de hostigamiento sexual y presunta violación, además de señalar negligencia, omisión y falta de acompañamiento por parte de autoridades universitarias.
A través de un testimonio difundido en redes sociales, la denunciante relató el impacto emocional y psicológico que ha vivido durante más de un año, asegurando que la situación ha afectado gravemente su salud mental y su proyecto de vida. En su mensaje, expresó que decidió hacer pública su historia no solo por ella, sino también por su madre y por otras posibles víctimas.
La joven explicó que es egresada de la Licenciatura en Diseño de Interiores por la UACJ-IADA, generación 2015, y que tras casi una década de experiencia laboral decidió regresar a su alma máter para cursar una maestría, motivada por su interés en la investigación y el desarrollo académico. Sin embargo, aseguró que durante este proceso enfrentó hechos que calificó como violencia, abuso, negligencia y desfachatez institucional.
De acuerdo con su testimonio, el señalado como imputado y presunto responsable, según la Unidad de Género de la propia universidad, es Ariel Alonso de la Torre Ramos, por los delitos de hostigamiento sexual y violación. Asimismo, acusó de negligencia institucional y omisión a diversas autoridades académicas, entre ellas Fausto Aguirre, Tayde Mancillas, David Cortés Saenz, así como a la Unidad de Género de la UACJ, además de otros docentes que, asegura, tuvieron conocimiento del caso y no actuaron.
“Hoy elijo ser escuchada. No habrá paz si no hay justicia”, expresó la denunciante, quien señaló que su testimonio público representa solo “la punta del iceberg” de lo que ha vivido y llamó a que las autoridades universitarias y judiciales actúen con responsabilidad y perspectiva de género.
Hasta el momento, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez no ha emitido un posicionamiento público sobre esta denuncia en específico.
De acuerdo con la ley, toda persona imputada se presume inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.