Chihuahua, Chihuahua.- Se solicitó una orden de aprehensión por esta Fiscalía Anticorrupción, misma que fue obsequiada por una Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, en Contra de la actual Presidenta Municipal del Municipio de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua C. M. C. D. así como en contra de la Ex Secretaria de dicho Ayuntamiento S. I. H. P. – hoy prófuga – de la justicia, la cual se ejecutó y por ende se capturó a la primera de las hoy imputadas, en un operativo estratégico y quirúrgico en su ejecución, por la limpieza del mismo; toda vez que se llevó a cabo sin ningún contratiempo en aquella región de Nuevo Casas Grandes, y respetando en todo momento los derechos humanos de la persona detenida.

Tal orden de aprehensión, tiene los siguientes antecedentes:

La Auditoría Superior del Estado presentó la denuncia donde refirió que C.M.C.D., en su carácter de Presidente Municipal de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, suscribió bajo contrato de compra y venta, un Título de Propiedad que ampara un área de 342.34 metros cuadrados, dentro del fundo legal, propiedad del Municipio de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, sin antes llevar a cabo el procedimiento de desincorporación del bien inmueble del régimen de dominio público municipal.


Por lo cual, al presentarse la denuncia, la Auditoría refiere que la imputada C.M.C.D., en su carácter de Presidente Municipal de Nuevo Casas Grandes, incurrió presumiblemente en la comisión de conductas delictivas, particularmente, el delito tipificado como Uso Ilegal de Atribuciones y Facultades, previsto en el artículo 261, fracción II, del Código Penal del Estado de Chihuahua. Sin embargo, del análisis e investigación de los hechos denunciados, esta representación social, consideró reclasificar el delito a PECULADO AGRAVADO.

Conforme a la ley, este Órgano investigador y persecutor del delito por hechos de corrupción, llevó a cabo una investigación científica, técnica y profesional, respetando en todo momento, los principios esenciales y reguladores del procedimiento penal, encontrando que de los HECHOS ATRIBUIDOS a las ahora imputadas, se presume, pueden derivar en la comisión de delitos de mayor penalidad y gravedad, como lo es el PECULADO AGRAVADO en forma reiterada, al haberse demostrado hasta este momento, la venta irregular de cuando menos seis bienes inmuebles, ya que, por un lado, no se autorizó por parte del Ayuntamiento de este
municipio la desincorporación de esos bienes de dominio público y, por el otro, el dinero obtenido por la venta de dichos predios, tampoco ingresó a las arcas municipales, conforme se realizó la venta.

Para esta Fiscalía Anticorrupción fue de suma trascendencia la colaboración valerosa y valiente de funcionarios del Ayuntamiento de Nuevo Casas Grandes que como servidores públicos patriotas denunciaron las irregularidades, como lo fueron la Sindico de este ayuntamiento, regidores del cabildo, así como ciudadanos comprometidos con la sociedad, de quienes se lograron recabar datos para comprobar las transacciones irregulares.

Fundamento:
El artículo 270 del Código Penal del Estado dispone:
Se impondrá prisión de seis meses a cuatro años y de cincuenta a quinientos días multa, al servidor público que: disponga o distraiga de su objeto, dinero, valores, inmuebles o cualquier otra cosa, si los hubiere recibido por razón de su cargo; agregando que, cuando el monto o valor exceda de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, se impondrán prisión de cuatro a doce años y de quinientos a dos mil días de multa.

Tal es el caso que ahora nos ocupa, ya que se encontró que el importe del daño producido al ayuntamiento de Nuevo Casas Grandes, por el momento asciende a la cantidad acumulada de $2,198, 252.52 (Dos Millones Ciento Noventa y Ocho Mil Doscientos Cincuenta y Dos pesos 52/100 M.N.).

Se le atribuye, además, a quienes ocupaban respectivamente el cargo de Presidente Municipal y Secretaria del Ayuntamiento de Nuevo Casas Grandes, que en diversas fechas realizaron, sin la autorización del Ayuntamiento, una serie de enajenaciones irregulares, disponiendo por un lado de los inmuebles en cuestión, y por el otro, no existe evidencia que el dinero obtenido como producto de tales ventas, hubiere ingresado a la hacienda municipal.


Grado de ejecución de los hechos: CONSUMADO.
Naturaleza de la conducta: DOLOSA.
Necesidad de la cautela: La Fiscalía Anticorrupción, en concordancia con lo dispuesto con los artículos 168, 169 y 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, advierte, que existe riesgo latente de que la hoy imputada se sustraiga del desarrollo de la investigación, así como que por el cargo que ocupa y las relaciones que ostenta, pongan en riesgo el curso de la investigación realizada, así como el peligro que representa en contra de las personas cuyo testimonio sirvió como base para poder lograr la judicialización de esta carpeta y que el Órgano Jurisdiccional obsequiara la Orden de Aprehensión.

Calidad de presunto responsable: SUJETO ACTIVO.
La actual Presidente del Municipio de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua C. M. C. D., así como la Exsecretaria de dicho Ayuntamiento S. I. H. P., -hoy prófuga- desplegaron en el ejercicio de sus funciones una serie de conductas irregulares, actuando como representantes del ayuntamiento de Nuevo Casas Grandes, para lograr la enajenación de algunos de bienes inmuebles.

Así, al momento en el cual acontecieron los hechos, las imputadas C. M. C. D. así como S. I. H. P., ostentaban el cargo, respectivamente, de Presidente Municipal y Secretaria del Ayuntamiento, ambas del Municipio de Nuevo Casas Grandes, y por tanto tenían la calidad específica de Servidoras Públicas requerida por el tipo penal imputado por esta Fiscalía Anticorrupción.

A las hoy imputadas, entre otras cosas, les correspondía la obligación de atender lo concerniente a la administración financiera, y en general, ejercer las atribuciones que le confiere la Constitución Política del Estado de Chihuahua; el Código Municipal, y demás ordenamientos legales, mismo que fueron omisas en cumplir.

Durante los meses de octubre a noviembre del año 2021, enajenaron bienes inmuebles públicos del Municipio referido, en confabulación con otros servidores públicos de la misma dependencia y personas externas, con un reparto de roles y actividades, comercializaron bienes inmuebles públicos del patrimonio municipal que ascendían a la cantidad de más de $2,198, 252.52 (Dos Millones Ciento Noventa y Ocho Mil Doscientos Cincuenta y Dos Pesos 52/100 M.N.), sin antes llevar a cabo el procedimiento de desincorporación de los inmuebles del régimen del dominio público del municipio y sin que existan ingresos a la Hacienda del municipio por estas ventas expidiéndose para ello Títulos de Propiedad, ocasionando con ello, un detrimento al patrimonio municipal de Nuevo Casas Grandes.

Además de ello, la Fiscalía Anticorrupción tiene en su haber diversas carpetas de investigación, en las cuales, a las ahora imputadas se les atribuyen la presumible comisión de diversos delitos, todos relacionados con la disposición y distracción de recursos públicos municipales, es decir, encuadrando todas en conductas típicas de delito de corrupción, mismas que se determinaran en lo sucesivo conforme se concluyan las investigaciones.

Por lo anterior, es importante puntualizar que las personas señaladas han promovido una serie de amparos conocidos como buscadores, en donde señalaban como acto reclamado la existencia de una Orden de Aprehensión en su contra, apareciendo como sus autorizados los licenciados Ulises Soteno Torres y Francisco Fabián García García, quienes, en su momento, se desempeñaron, el primero como Vicefiscal de la Fiscalía Anticorrupción, y por ende Como Fiscal, por ministerio de ley, en tanto, el segundo, como Director Jurídico y de Extinción de Domino de esta Fiscalía, por lo cual, la conducta estos ex servidores públicos resulta inadmisible, sospechoso y una evidente carencia de ética profesional.

La Fiscalía Anticorrupción reitera el respeto al debido proceso, a la presunción de inocencia y los Derechos Humanos, por lo que seguirá trabajando para las y los chihuahuenses en el combate frontal contra el flagelo de la corrupción ante la conducta desviada del servidor público.