Ciudad Juárez, Chih.— La Fiscalía General del Estado confirmó que los dos presuntos responsables del crematorio Plenitud, donde fueron localizados 383 cuerpos sin incinerar, ya se encuentran detenidos y bajo prisión preventiva. Así lo anunció el Fiscal General, César Jáuregui Moreno, quien además encabezó una reunión con familiares de posibles víctimas, a quienes garantizó atención integral durante todo el proceso.
Los detenidos fueron identificados como José Luis A. C., propietario, y Facundo M. R., empleado, de 39 y 64 años respectivamente. Ambos fueron capturados mediante orden de aprehensión y enfrentan cargos por inhumación y exhumación indebida, así como por violaciones al respeto a los cadáveres o restos humanos. El juez concedió la prisión preventiva y la audiencia de vinculación a proceso se realizará el próximo 4 de julio.
“Vamos a buscar la penalidad más alta para los responsables”, expresó el Fiscal Jáuregui. También informó que se investigará a fondo no sólo a los detenidos, sino a las autoridades que debieron fiscalizar este tipo de establecimientos. En ese sentido, advirtió que se indagarán posibles omisiones o irregularidades en los permisos y revisiones sanitarias.
El director de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, Javier Sánchez Herrera, detalló que del total de cuerpos encontrados, 218 son hombres, 149 mujeres y 16 aún indeterminados. Además, se han identificado 15 personas con nombres probables, algunos mediante etiquetas de hospitales que incluían nombre y número de seguridad social. También se localizaron cuatro menores de edad, dos de ellos recién nacidos.
Asimismo, se mencionó que al menos cinco funerarias subcontrataban los servicios del crematorio: Luz Divina, Protecto-Deco, Del Carmen, Latinoamericana y Amor Eterno. Las autoridades enfatizaron que los cuerpos estaban embalsamados y apilados en todas las habitaciones del inmueble, lo que confirma que el servicio de cremación nunca se realizó.
El Fiscal de Distrito en la Zona Norte, Carlos Manuel Salas, indicó que en este caso se está solicitando una pena de hasta 17 años de prisión, y reiteró que, por instrucciones de la gobernadora Maru Campos, se desplegó un equipo especializado para sostener las acusaciones con pruebas científicas.
La Fiscalía reiteró su compromiso de realizar una investigación integral, científica y respetuosa, con el objetivo de garantizar justicia para las familias, así como trato digno a los cuerpos hasta su plena identificación.
