Fotografía. SOFIA YANJARI
Santiago de Chile.- José Luis San Martín Ramírez había cumplido 18 años cuando se fue a vivir al santuario Inmaculada Concepción de Maipo, en Buin, a 35 kilómetros de Santiago de Chile. Era catequista y tenía la idea de postularse luego al seminario claretiano de la capital. “Todo era místico y especial. Estaba entusiasmado”, recuerda en conversación telefónica. “Pero las cosas se fueron distorsionando”, lamenta. En la casa parroquial vivía el padre Hugo Ríos Díaz que, según relata, comenzó con “pellizcos” y le acabó violando en varias ocasiones. “Mi vida cambió para siempre”, asegura. El sacerdote, por su parte, negó las acusaciones en la investigación que abrió la orden tras su denuncia, y hoy sigue su actividad de misionero en Congo. Los claretianos le han creído a él, y no a la víctima.
Este caso es uno de los siete ubicados en instituciones religiosas fuera de España que figuran en el informe con 251 casos de pederastia en la Iglesia que EL PAÍS entregó el pasado diciembre al Papa y a la Conferencia Episcopal Española (CEE). Cuatro tuvieron lugar en Latinoamérica: uno en Chile, uno en Venezuela, y dos en México. Otros dos son de África (Marruecos y Kenia) y el último, en Reino Unido. La investigación periodística, realizada durante tres años, ha obligado a la Iglesia española a abrir una investigación y ha llevado al Congreso español a impulsar la creación de una comisión que investigue esta lacra.
No obstante, los casos de abusos del dosier que ocurrieron fuera de España han quedado en el olvido. Las órdenes religiosas en España, a pesar de haberlos recibido hace casi tres meses, no trasladaron los casos a sus delegaciones en el extranjero. Por esa razón, las órdenes implicadas —los maristas, en México; los salesianos, en Venezuela; y los claretianos, en Chile— no habían recibido las acusaciones. Hasta ahora. Tras recibir una llamada de este diario, los salesianos y los claretianos de España aseguran haber trasladado sus casos al país correspondiente, mientras que los maristas se niegan a especificar si lo han hecho.
Todos los casos del informe, además del centenar que ya ha ido publicando estos años, tienen su origen en el correo electrónico que el diario puso a disposición de las víctimas en octubre de 2018. Algunos de los cientos de mensajes llegaban de Latinoamérica, por sentir que no tenían dónde acudir en sus respectivos países. Para ampliar la investigación, la redacción de EL PAÍS en América ha decidido abrir un nuevo correo para que aquellos que hayan sido víctimas de abusos sexuales en su infancia en la Iglesia católica en este continente puedan contar su historia. A partir de ahora, podrán escribir con su denuncia a esta dirección: [email protected].
Un estudio de 2019 sobre la pederastia en la Iglesia latinoamericana de la ONG británica Child Rights International Network (CRIN) indicó que más de mil denuncias contabilizadas en cuatro países —Argentina, Chile, México y Colombia— habían comenzado a romper el silencio en el continente. El informe, el primero global del fenómeno en los 18 países de habla hispana del continente, más Brasil, estimaba que podía surgir una “tercera oleada” de denuncias tras las registradas en Estados Unidos y luego en Europa y Oceanía.
Chile, una denuncia en vano contra los claretianos
José Luis San Martín Ramírez relata que su suplicio duró al menos un año: “Una noche Hugo Ríos ingresó en mi cama”. Recuerda que el religioso le dijo que no hablara porque los oirían. “Me quedé como muerto en vida, sin reaccionar ni atinar a nada del espanto. Esa noche sufrí una violación por parte de Hugo Ríos, en todo el sentido de la palabra. Estuve sangrando durante varios días. No hubo diálogo, excusa, nada. Este cura repitió varias veces ese acto”, narra. Cuenta que el acusado justificaba sus abusos: “Me decía que era algo normal que se daba en la Iglesia y que no me preocupara”. Él no sabía cómo reaccionar: “Mi confianza y admiración estaban depositadas en este sacerdote, mi guía espiritual. Es como si tu papá te hiciera esto. Lo quieres tanto y de repente se sobrepasa contigo. ¿Cómo puedes afrontar eso? ¿Cómo puedes decir que no, cuando es tu héroe?”.
Las agresiones que relata ocurrieron entre 1979 y 1980, cuando Chile se encontraba en plena dictadura militar de Pinochet. En aquellos años “los curas eran superiores en todos los sentidos. Hablar de ello habría sido como tirarse a un océano sin flotador y con una piedra amarrada al cuello”, asegura. Hugo Ríos Díaz es una figura muy conocida. Fue incluso postulado al Premio Nobel de la Paz y hasta al cargo de obispo por su labor como misionero en África desde 1981, según medios chilenos. Durante casi cuatro décadas San Martín Ramírez ha tenido que ver cómo en su país se celebraba la trayectoria de este claretiano: “Mientras, yo seguí viviendo mi tormento en silencio”, señala. El trauma lo llevó a intentar quitarse la vida, por lo que acabó internado en una clínica psiquiátrica durante un mes.
Hace cuatro años, San Martín Ramírez decidió contarlo. Le inspiró la oleada de denuncias de abusos clericales que surgió en Chile en 2018 —a raíz del caso del difunto exsacerdote Fernando Karadima, condenado por abuso y pederastia por la Santa Sede en 2011— y la visita del papa Francisco al país andino. Ante la avalancha de acusaciones contra miembros del clero chileno, el pontífice envió en 2018 una delegación del Vaticano para que investigara los casos. El Papa acabó reconociendo que en Chile existía una “cultura del abuso y encubrimiento”. Aceptó la renuncia de varios miembros del episcopado y expulsó a cuatro más, entre ellos Karadima. “Todo se juntó. Ese año cayeron denuncias tras denuncias. Todos fuimos a denunciar”, recuerda San Martín Ramírez.
Así fue como en octubre de 2018, San Martín Ramírez presentó una denuncia ante el padre Mario Gutiérrez Median, superior provincial de los Misioneros Claretianos de San José del Sur. A finales de ese año, recibió una carta de Gutiérrez Median en la que lamentaba “profundamente los hechos”. No obstante, indicaba que, tras consultar el caso con el entonces padre Superior General de la orden, Mathew Mattamattan, no se abriría un procedimiento canónico contra el acusado porque “su edad, a la fecha de los acontecimientos era de 19 años, lo que para el derecho canónico es mayoría de edad”, según el documento al que este diario ha tenido acceso. En realidad, durante la dictadura chilena, y hasta el cambio legal en 1993, la mayoría de edad se cumplía con 21 años. Por lo tanto, San Martín Ramírez era menor a efectos legales en aquel momento. En todo caso, la Iglesia debería haberlo investigado al tratarse de una acusación de agresión sexual, según establece el código canónico.
Decepcionado, pero lejos de dar por cerrado el asunto, San Martín Ramírez acudió al obispo de San Bernardo —diócesis de la iglesia donde ocurrieron los hechos que denuncia—, a la Fiscalía de San Bernardo, al Tribunal Eclesiástico de Santiago, y a la Oficina de Denuncias Pastorales del Arzobispo de Santiago. “Lo que él hizo me causó mucho daño moral, espiritual y económico. Tuve que costear muchos gastos médicos y tratamientos psicológicos. Quiero que se haga justicia real en cuanto a todo el daño hecho, en forma integral”, concluye.
Pero todas las puertas se le fueron cerrando: en la fiscalía le dijeron que el delito estaba prescrito, y desde el arzobispado le aseguraron que no tenían competencia para investigar porque el acusado era sacerdote de una orden, y no un diocesano. En marzo de 2019, San Martín Ramírez envió una carta a la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica del Vaticano, y también a los claretianos y al nuncio apostólico de Chile. Relató no solo los abusos que asegura haber sufrido, sino también el desdén con el que lo trataron todas las instituciones a las que pidió ayuda. En junio recibió una respuesta del Vaticano: “Apoyándose en lo de la mayoría de edad, básicamente me dijeron que lo dejaban todo en las manos de la justicia chilena”, asegura.
Los claretianos, consultados por EL PAÍS, explican que la delegación de la orden en el Congo, donde estaba entonces Ríos Díaz, “investigó sobre él, recogió testimonios de sus colaboradores y empleados y no encontró nada anormal, ni escuchó sospechas sobre el comportamiento del Padre”. Ríos Díaz sigue en el Congo. Años después, la orden sigue manteniendo que la víctima era mayor de edad. El procurador de los claretianos en Roma, José Félix Valderrábano Ordeig, asegura que la orden trasladó entonces el caso a la Congregación para la Doctrina de la Fe, entidad del Vaticano a cargo de investigar casos de pederastia en el clero, “que respondió rehusando su intervención por no entrar en su competencia, ya que para la Iglesia en la época en que se denuncian los hechos la víctima era mayor de edad”.
San Martín Ramírez, que hoy tiene 61 años, se pregunta por qué no tuvo la fuerza que tiene hoy para denunciarlo entonces. “Yo no sé cómo he sobrevivido”, admite. “Pero después de haber hecho todas estas denuncias, ahora descanso. Ya me saqué esa mochila de la espalda y la tiré. Si es que hay alguna justicia divina se encargará de él porque la del hombre no lo hará”, asegura.
-El País
