Ciudad Juárez.-Entre los avances más recientes en el caso del crematorio “Plenitud”, el Fiscal General del Estado, César Jáuregui Moreno, reveló que algunos de los cuerpos localizados estaban emplayados, es decir, envueltos en plástico, como se acostumbraba durante la pandemia de COVID-19, lo que sugiere que varios de ellos podrían haber permanecido en el lugar desde el año 2020.
“Había cuerpos emplayados, como se usaba cuando fallecían por COVID, eso nos hace suponer que algunos pueden tener más de cuatro años en ese lugar”, expuso Jáuregui en rueda de prensa, subrayando la gravedad del hallazgo y las dificultades técnicas que representa el caso.
Además, el fiscal advirtió que identificar los cuerpos será un proceso complejo, ya que muchos fueron sometidos a procesos químicos como el embalsamamiento, y estuvieron expuestos durante un largo periodo a condiciones que complican la obtención de ADN. “Va a ser difícil extraer ADN en algunos casos, por la exposición que tuvieron y por los procedimientos funerarios que recibieron”, explicó.
Este caso, calificado como inédito por las autoridades estatales, ya había sido documentado por el periodismo local. En el año 2020, la periodista Lucy Sosa, del periódico El Diario de Juárez, publicó una nota titulada “Descubren crematorio clandestino”, donde alertaba sobre un sitio donde se hallaron restos humanos en condiciones irregulares, en el mismo predio de la colonia Granjas Polo Gamboa, donde ahora se localizaron los 383 cuerpos. En aquella publicación (8 de junio de 2020), ya se mencionaba la presencia de cuerpos, olores fétidos y restos expuestos en bolsas negras.
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La reaparición del caso, con una magnitud mucho mayor, ha generado indignación y temor entre decenas de familias que habían recibido urnas con cenizas, muchas de ellas tras contratar servicios con funerarias como Luz Divina, Protecto-Deco, Latinoamericana y Amor Eterno, las cuales subcontrataban al crematorio “Plenitud”.
Actualmente, los dos presuntos responsables del establecimiento, José Luis A. C. y Facundo M. R., ya fueron vinculados a proceso y permanecerán en prisión preventiva, mientras avanza la investigación. Enfrentan cargos por inhumación clandestina y delitos contra el respeto a los restos humanos, cuyas penas podrían llegar hasta 17 años de prisión.
La Fiscalía llamó a las familias con dudas a presentarse con una fotografía del fallecido, el acta de defunción y un documento que acredite el parentesco, a fin de colaborar en el proceso de identificación que ahora requiere trabajo antropológico, odontológico y forense, además del ADN.
“Estamos hablando de una tragedia prolongada en el tiempo, una cadena de negligencias que vamos a esclarecer hasta el fondo”, declaró el fiscal, quien también anunció que se investigarán las omisiones de autoridades que debieron supervisar el funcionamiento del crematorio.
