Ciudad Juárez, Chih.– El colectivo Justicia para Nuestros Deudos fijó un posicionamiento público en torno al caso del crematorio Plenitud, donde fueron localizados 386 cuerpos apilados, al considerar que la situación no debe verse únicamente como un tema administrativo, sino como una crisis de salud pública que evidenció fallas estructurales en la supervisión de servicios funerarios en Chihuahua.
A través de un desplegado, el grupo señaló que el manejo irregular de restos humanos representa una afrenta a la dignidad postmortem y podría encuadrar en delitos previstos tanto en el Código Penal del Estado como en la Ley General de Salud, al existir posibles riesgos epidemiológicos derivados del almacenamiento inadecuado de cadáveres.
El documento expone que los artículos 202 y 203 del Código Penal estatal contemplan delitos relacionados con el ocultamiento, abandono o trato indigno de restos humanos, mientras que la legislación federal prevé sanciones por violaciones a las normas sanitarias en materia funeraria. Además, se plantea que la omisión de inspecciones por parte de autoridades como la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COESPRIS), la Secretaría de Salud estatal y el Registro Civil podría derivar en responsabilidades administrativas o penales.
Señalan impacto social y sanitario
El colectivo argumentó que la acumulación de cuerpos en condiciones insalubres no solo afecta a las familias de las víctimas, sino que también genera un impacto colectivo en la salud mental y la confianza ciudadana hacia las instituciones. Asimismo, indicó que la descomposición masiva de restos humanos podría representar un riesgo para el entorno, por lo que insistieron en que el caso debe abordarse desde una perspectiva de salud pública.
En el posicionamiento se enfatiza que la dignidad humana y el derecho de las familias a un duelo digno deben ser garantizados por el Estado, además de exigir transparencia y acciones concretas para evitar que situaciones similares se repitan.
Exigen intervención institucional
El colectivo Justicia para Nuestros Deudos hizo un llamado a las autoridades estatales y federales para esclarecer responsabilidades y reforzar los mecanismos de supervisión en establecimientos funerarios. Señalaron que la Secretaría de Salud, COESPRIS y la Fiscalía General del Estado tienen atribuciones específicas que debieron prevenir la situación detectada en el crematorio.
Finalmente, la organización reiteró su exigencia de rendición de cuentas y subrayó que continuará impulsando acciones para que se reconozca el caso como un asunto de interés público y sanitario, en busca de justicia para las familias afectadas.
