Robert Bowers, de 50 años, fue sentenciado la pena de muerte por unanimidad. Un jurado federal lo halló culpabe de asesinar a sangre fría, y en masa, a 11 personas judías en una sinagoga de Pittsburgh en 2018.
Sus acciones representaron el ataque más mortífero jamás perpetrado contra los judíos en Estados Unidos. Esta decisión es la segunda que se toma durante la administración de Joe Biden.
Luego de casi 10 semanas de juicio, donde estuvieron presentes más de 100 testigos, el jurado conformado por cinco hombres y siete mujeres, definió sin vacilar la suerte del responsable de la masacre en la sinagoga.
Por más de 10 horas, el jurado también evaluó todas las pruebas del caso que presentó la fiscalía contra Roberts y la defensa del tirador. Dictar una sentencia de muerte no es una decisión fácil.
Pero debemos exigir responsabilidades a quienes cometen actos tan terribles de antisemitismo, odio y violencia.
Por una parte, la justicia sostuvo la tesis de que Robert era antisemita y que tenía un profundo odio por la comunidad judía cuando decidió atacar la sinagoga.
A su vez, la defensa quiso mostrar que el señalado asesino de la sinagoga tenía problemas mentales; que padecía de esquizofrenia y que tenía transtornos psicológicos.
Los miembros del jurado no estaban convencidos de esta inhabilidad mental o que la masacre en la sinagoga fuera motivada por delirios. Justamente, la falta de credibilidad fue lo que produjo la decisión.
La diferencia la marcó el fiscal del caso cuando logró convencer al jurado de que Bowers se había convencido de una teoría antisemita y antilatina para matar a estas personas en la sinagoga.
De hecho, estas posiciones ideológicas radicales han popularizado gracias a la extrema derecha en Estados Unidos.
