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Política, justicia y sospechas

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–Fiscalía Centro como negocio de Heliodoro y Constantino
–Daniela con dirigencia del PAN y aspiración a candidatura
–Plan B: mayoría quirúrgica y reloj en contra
–Levanta sospechas ejecución de El Mulato en Juárez

Las quejas de constructores, restauranteros, inmobiliarios y hasta locatarios del primer cuadro de la ciudad ya no son aisladas: se multiplican y empiezan a dibujar un patrón. Uno que varios describen, sin rodeos, como un modus operandi que nace desde la propia Fiscalía Zona Centro: inflar conflictos menores hasta convertirlos en problemas penales de alto impacto.


La mecánica, según los afectados, es tan repetida como sospechosa.
Denuncias aventuradas —muchas de ellas originadas en pleitos estrictamente civiles— encuentran puerta abierta en un grupo de investigación de “alto impacto” que depende directamente del fiscal de Distrito, Heliodoro Araiza. Casos que, en cualquier ruta ordinaria, deberían agotarse en tribunales no penales, de pronto escalan a la esfera criminal… justo donde el margen de presión crece y, con él, las posibilidades de negociación.


Ahí aparecen las constantes.


La primera: expedientes débiles en evidencia, pero fuertes en presión. Carpetas que avanzan más por la amenaza que por la solidez jurídica, y cuya “salida” termina siendo, convenientemente, el pago en efectivo a favor de supuestas víctimas.


La segunda constante —y no menos reveladora— tiene nombre y apellido: Constantino Reyes. Su despacho, ubicado en la intersección de Coronado y Tercera, surge de forma recurrente como representante de esas mismas “víctimas”. Antes, sin embargo, los señalados ya han pasado por el proceso de desgaste: el ablandamiento desde la Fiscalía.


La coincidencia deja de ser coincidencia cuando se revisan los vínculos. Hasta hoy, el propio Araiza Reyes sigue apareciendo como integrante del despacho Reyes, Flores y Asociados en su página oficial (https://rfconsultorialegal.com/#). Es un detalle que, por sí solo, levanta más de una ceja… y varias preguntas.


Porque entonces el esquema resulta difícil de ignorar: casos inflados desde la autoridad, presión institucional sobre los acusados y, al final del camino, un despacho que parece llegar con información privilegiada y soluciones “rápidas”.


Demasiadas piezas acomodadas como para hablar de casualidad.


Si lo de Heliodoro y Constantino no es un negocio redondo operado desde la Fiscalía, al menos lo parece. Y en estos terrenos, a veces, la apariencia también es evidencia.


Tras la sesión del Consejo Nacional y a las puertas del Consejo Estatal de este fin de semana, en la cúpula del PAN hay un dilema que no es menor: qué hacer con Daniela Álvarez.


La dirigente estatal está parada en una encrucijada clásica del poder. Está entre soltar el timón para buscar una candidatura o quedarse a conducir un barco que, si bien sigue a flote, navega en aguas cada vez más agitadas.


Álvarez Hernández aparece hoy como la carta más avanzada del panismo para la alcaldía de Ciudad Juárez. Una candidatura que, más que premio, huele a sacrificio. De esas que se asumen por disciplina, no por garantía de triunfo. Y más aún si, en el camino, algún movimiento inesperado en la definición de la candidatura a la gubernatura termina por reconfigurar el tablero.
Pero el fondo del dilema no está sólo en la boleta, sino en la dirigencia.


Porque con todo y las críticas -algunas legítimas, otras sobredimensionadas-, la exdiputada federal no ha soltado el control del partido. Ha mantenido el volante en tramos complicados: curvas cerradas, pendientes políticas y un contexto donde el desgaste natural del poder estatal se combina con la presión constante del centro.

En ese escenario, su gestión no es brillante, pero sí funcional. Y en política, eso a veces vale más que los discursos.


El PAN de Chihuahua no atraviesa su mejor momento, pero tampoco está en ruinas. Y buena parte de ese equilibrio precario pasa por la decisión que hoy tiene enfrente su dirigente: quedarse a sostener la estructura o salir a una contienda con probabilidades adversas, donde el objetivo real podría no ser ganar, sino perder por menos… y aportar al proyecto mayor.


Por lo pronto, la decisión parece aplazarse.


Dicen que Daniela seguirá al frente del PAN, al menos hasta que pase la Semana Santa y el calendario electoral deje de ser promesa para convertirse en presión. Será entonces -con licencias en mano y aspirantes en abierto- cuando ya no haya espacio para medias tintas.


Si no hay cambios de última hora, hoy saldrá el famoso Plan B de la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum.


No hay margen para titubeos. El calendario aprieta: lo que se apruebe en el Senado tendrá que correr a la Cámara de Diputados, después brincar a los congresos estatales, ajustar leyes generales y, todavía, aterrizar en lineamientos del INE. Todo antes del 30 de mayo. Traducido: contrarreloj y sin derecho a errores.


Pero el verdadero nudo no está en los tiempos, sino en los votos.


Hoy se sabrá si desde Gobernación le pusieron al PT una oferta imposible de rechazar o si, fiel a su estilo, los petistas tensaron la cuerda hasta el límite para tumbar de la reforma el tema de la revocación de mandato. Ahí está el punto de quiebre.


La sesión promete más bisturí que debate.


Porque para alcanzar la mayoría calificada -esa que tanto incomoda cuando no se tiene y tanto seduce cuando está cerca- se requiere el voto de las dos terceras partes… pero de los presentes en el salón, no del total. Y ahí es donde entra la vieja escuela parlamentaria.


Ausencias estratégicas. Salidas “al baño”. Curules vacías en el momento exacto.La aritmética legislativa convertida en operación quirúrgica.
Hoy no sólo se vota una reforma. Se mide la capacidad del oficialismo para cerrar filas, disciplinar aliados y, si hace falta, ajustar la geometría del pleno a su favor.


Porque en el Senado a veces no gana quien tiene más votos sino quien sabe cuántos necesita que falten.


Algo se está moviendo y no para bien dentro del perímetro de la escena del crimen. En este caso, el punto donde se cruzan el Cuatro Siglos y el bulevar Francisco Villarreal, en Ciudad Juárez.


No es cualquier zona. A unos metros conviven fraccionamientos como Valle del Sol, Jardines de Aragón, Vilago Residencial y, estirando un poco el mapa, las distintas etapas de Campos Elíseos.

Espacios vendidos como sinónimo de tranquilidad hoy salpicados por otra lógica, la de la delincuencia.
Ahí apareció ayer por la mañana el cuerpo de Hugo Hernández Luna. Era conocido como “El Mulato” o “El Cubano”, al que autoridades de México y Estados Unidos lo ubicaban como uno de los operadores más activos de La Línea en la zona de Anapra.


Pero más que el hallazgo, el dato forense resulta revelador. Fue levantado el 23 de enero cerca de la estación de Bomberos de Barranco Azul. Murió el 3 de marzo, a las tres de la mañana. Cinco semanas después, según los resultados de la necrocirugía realizada por Servicios Periciales de la Fiscalía Zona Norte.


Estuvo cinco semanas con vida. En ese lapso cabe todo: interrogatorios, ajustes de cuentas, mensajes. Lo que no cabe es la casualidad. Y no es un hecho aislado.


En agosto del año pasado, en ese mismo corredor, fueron emboscados y asesinados Ulises Nache Trillo y sus dos escoltas, los policías municipales Miguel Gallegos y Rigoberto Pulido. Nache, se supo después, era otro engranaje relevante de La Línea, vinculado al manejo del megatúnel descubierto entre Juárez y El Paso.


Meses más tarde, en octubre, el mismo sector volvió a ser escenario: dos cuerpos más, envueltos en cobijas, abandonados entre Juan Pablo y Villarreal. Identidades difusas, silencio oficial. Demasiadas señales concentradas en el mismo punto del mapa.

Lo que antes era un corredor residencial de alto valor hoy empieza a perfilarse como zona de mensajes. Un territorio donde la violencia no sólo ocurre, sino que se exhibe. Y cuando el crimen decide exhibirse, no lo hace por casualidad.
Algo se está reconfigurando en ese perímetro. Y si la historia reciente sirve de guía, lo que sigue no suele ser menor.


Tanto movimiento levanta sospechas en las áreas de seguridad federales, estatales y municipales en Juárez, en las que privan las desconfianzas.


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